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Vigilantes de seguridad
Aún están por clasificar e incorporar a la investigación del ‘caso Esabe’ millares de sellos falsos y copias de tampones oficiales de los que disponía el dueño de la empresa, el empresario fugado Juan José Prados. Exdirectivos de su círculo cuentan cómo se realizó durante años una masiva operación de falseamiento de facturas y comprobantes de pago.
Casi 2.000 sellos de muy diversas empresas y entidades habían sido escaneados por ejecutivos de la extinta empresa de seguridad Esabe para falsear facturas y fabricar tampones de imitación con los que estampillar comprobantes de pago. Entre los sellos, que aún no han podido ser catalogados por la Justicia, los había de todo tipo y origen, desde cuños del Hospital de Verín (Ourense) hasta tampones de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, o la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana, Hacienda, el tranvía de Parla, Defensa, la Seguridad Social, el zoo de Vigo… y numerosas firmas privadas. Además, un grupo de sellos de la embajada británica, y también de los gobiernos de Andalucía, Madrid, Asturias y Castilla y León. Y de organismos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como el Instituto de Agroquímica de Paterna o el de Astrofísica de Andalucía, de donde manaba parte del chorro de dinero público que corría por las venas de la compañía.
La falsificación de facturas era intensa y laboriosa. Esabe empleó hasta a diez rumanos que pasaban papeles por el vapor de una cafetera, los tendían al sol para que envejecieran y oxidaban grapas en un barreño, todo en un local cercano a la sede que la firma tenía en la calle Cronos de Madrid.
La investigación judicial sobre el caso Esabe, el mayor fraude de la seguridad privada en España, está atascada. Quedan por foliar 20.000 documentos, furgoneta y media de pruebas obtenidas por la policía en ocho registros. El Juzgado de Instrucción 37 de Madrid lleva un año esperando un escáner y un ordenador adecuados para ese trabajo. El sindicato USO denuncia la “escandalosa” espera, y dice que sobre el fraude de las empresas de seguridad en contratas públicas, que se sigue produciendo, “tiene responsabilidad in vigilando la Administración”.
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