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Vigilantes de seguridad
SIN POTESTAD PARA IDENTIFICAR O DETENER HASTA QUE SE MODIFIQUE LA LEY
La privatización llega a las puertas de las cárceles españolas. A partir del 1 de abril se incorporarán a 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y otros dos por el Cuerpo de Policía Nacional) vigilantes de seguridad privada que serán en principio un “refuerzo” a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, según recoge el documento que la Dirección General de la Guardia Civil ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria.
Comisiones Obreras y UGT coinciden en subrayar la “menor cualificación de los vigilantes privados en comparación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”, un asunto que admiten en Interior y por el que aseguran que la labor del nuevo cuerpo se desarrollará “en las zonas perimetrales de los centros penitenciarios y no en el interior de los mismos”.
Sin embargo, para la AUGC esto no es consuelo. “La vigilancia del recinto es competencia de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Y no por casualidad sino porque legalmente somos los únicos autorizados a realizaridentificaciones o detenciones, ya sea en el exterior de las cárceles, en el metro o los aeropuertos”.
Con respecto a la legislación, a finales de 2012, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz anunció la necesidad de una nueva ley de Seguridad Privada que presumiblemente aumentará las competencias de los vigilantes y cuya elaboración esta ya "muy avanzada", porque la actual normativa está "superada por el tiempo".
Privatización de la seguridad pública
La medida ha caído como un jarro de agua fría en la Benemérita, que ya ha mostrado su oposición a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el sindicato mayoritario en el Cuerpo: “Es un intento claro de privatizar la seguridad pública, igual que está sucediendo con la sanidad y la educación”, denuncia uno de sus portavoces.
En Interior aseguran que el desembarco de personal de seguridad privada en los centros penitenciarios españoles “no sería en ningún caso sustitutiva, sino complementaria”. Es decir, que el actual personal de prisiones seguirá en su puesto y los vigilantes privados serán una “extra” en el actual modelo.
Por su parte, la Guardia Civil denuncia el “abandono” que está sufriendo el Cuerpo, donde se producen anualmente una media de 5.000 jubilaciones y únicamente entre 200 y 300 ingresos. “Si lo que quieren (el Ministerio) es reforzar nuestra labor, que permitan la promoción de más agentes”, demandan en la AUGC ante estas cifras. A su juicio, la opción de la seguridad privada es perjudicial para la eficacia del servicio ya que empeorará la coordinación. “Llevamos 30 años luchando por unificar la base de datos de la Policía y la Guardia Civil sin éxito. ¿Y ahora pretenden que nos pongamos de acuerdo tres instituciones diferentes?”, preguntan irónicos.
Una medida sin ahorro
“Las colaboraciones público-privadas, por lo general, nunca son sinónimo de ahorro”, analiza Ángel Moreno, secretario general de CCOO Instituciones Penitenciarias. Por eso las sospechas de los sindicatos recaen sobre posibles intereses privados y particulares. “Las únicas beneficiadas serán las empresas de seguridad privada que hayan conseguido las concesiones y que no conocemos, ya que alegando que es una cuestión de seguridad no se han hecho públicas”, señala Jesús Otin, miembro del Sindicato de Prisiones de UGT.
“Interior vende la medida como un plan piloto, pero mucho nos tememos que este es el primer paso de una sustitución progresiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por miembros de seguridad privada”, lamenta el portavoz de la AUGC, que recuerda haber vivido la misma experiencia en los aeropuertos. “Ojalá nos equivoquemos, pero la sombra de la privatización en este país es cada vez más alargada”.
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Jose (martes, 26 marzo 2013 10:05)
Hace unos meses leí una noticia parecida pero redactada de otra manera posiblemente fruto de la falta de profesionalidad del periodista y del sindicato de turno en la que venía a decir que es lo mismo poner a un fontanero vigilando el perímetro que a un vigilante de seguridad, con la que está cayendo creo que los sindicatos tienen oportunidades claras para poder hacer su trabajo sin tener que meterse con ningún colectivo en particular, por ejemplo reducir el nivel de absentismo de ciertos colectivos en el funcionariado. En cuanto a la noticia empezar por lo que he puesto en verde, un vigilante no puede detener o identificar hasta que no se modifique la ley, publicar frases como esta demuestra la documentación y preparación de la noticia ya que no es que se pueda hacer sino que es obligación del vigilante el hacerlo y de no hacerlo es motivo de expediente:
art. 11.1 punto d), de la Ley de Seguridad Privada, respecto a las funciones de los VVS: "Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las FFCCS a los delincuentes".
Reglamento de Seguridad Privada art. 86.3 ("cuando los vigilantes, en el ejercicio de sus funciones, hayan de proceder a la detención e inmovilización de personas .." ), el art. 89, el art. 138.1.d), el art. 148.7, el art. 151.5, y el art. 152.5.a). Son seis artículos en los que se cita nuestra capacidad para detener.
La falta de preparación de la noticia comienza por el mismo título, no estudié periodismo pero será una regla básica que el título de una noticia sea un resumen de la misma y este título no hace referencia ni de lejos a la noticia.
En cuanto al transfondo de la noticia estoy de acuerdo que han sido asignaciones a dedo y que se debería investigar los verdaderos fines económicos de las asignaciones ya que la empresa en cuestión está "colocando" vigilantes de plantilla y no los escoltas que tanta publicidad han dado para justificar la medida.
En cuanto al portavoz del sindicato que habla de la coordinación, debe hacer mucho que no se pone un uniforme, porque el vigilante de seguridad sabe perfectamente que esa coordinación nunca ha existido y que la información siempre ha fluido en un único sentido